La administración deniega la renovación del permiso de residencia a un ciudadano sudamericano.  Este agota la vía administrativa e interpone recurso contencioso administrativo ante Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona. El Estado sigue rechazando aceptar la renovación pues indica que el sujeto tiene antecedentes penales. La sentencia de instancia indica que los antecedentes no son suficientes para denegarla pues fueron hechos aislados, el Estado formula apelación ante el TSJ Cataluña que gana otra vez el perjudicado. 

El cliente desea que se le conceda el permiso de residencia y trabajo con la mayor brevedad posible pues le es requerido en su trabajo dicho permiso. 

El abogado en este caso antes de dictarse sentencia alguna solicita la medida cautelar de que se le autorice a residir y a trabajar pues la no renovación de dicho permiso ponía en peligro la situación laboral del cliente. Dicha medida cautelar fue concedida.