Los demandantes adquirieron, cada uno de ellos, de Constructora Paraíso, S.A. una vivienda, con trastero y plazas de garaje. Con cada uno de ellos firmó un documento de reserva y posteriormente se otorgó el correspondiente contrato de compraventa, el cual era idéntico en sus estipulaciones para todos los demandantes, salvo en lo relativo al precio, el cual variaba en función de los metros de la vivienda. La estipulación décima de todos los contratos recogía que: "Los gastos e impuestos derivados de la Declaración de Obra Nueva y División en Propiedad Horizontal serán de cuenta y cargo de la parte vendedora, así como los relativos a la constitución y división del préstamo hipotecario. Los gastos e impuestos derivados del otorgamiento de la escritura pública y de su inscripción en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del comprador, incluso el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía)". 

Posteriormente, se otorgó la escritura pública, idéntica para todos, de la que destaca la estipulación sexta: "GASTOS.- Serán de exclusivo cargo de la parte compradora y prestataria el pago de todos los gastos de esta escritura, incluso la primera copia para la entidad acreedora, y los gastos de gestión y anotación en el Registro de la Propiedad, quedando autorizada la acreedora para determina el profesional que deba realizar tales trámites". 

En definitiva, se cobraba a los demandantes  la denominada Plusvalía municipal tanto de las viviendas como de las plazas de garaje. Y, a la mayor parte de ellos, igualmente los gastos de cancelación del préstamo hipotecario que habían contratado los vendedores para llevar a efecto la construcción del edificio donde se encontraban ubicados los bienes vendidos. 

Ante la falta de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas, los demandantes se vieron en la necesidad de presentar una Demanda colectiva. 

El cliente es la parte demandante y su objetivo es que se les restablezcan las cantidades abonadas en concepto de plusvalía y cancelación de la hipoteca suscrita por la constructora. 

La estrategia del abogado pasará, por un lado, por demostrar documentalmente que efectivamente sus clientes abonaron dichas cantidades y, por otro lado, por justificar que conforme a la ley debe ser la constructora quien abone esos conceptos.