Doña Sara y Doña Sonia constituyeron una sociedad mercantil denominada Peluquería Canina, S.L. en 2007, suscribiendo cada una de ellas el 50% del capital social y siendo ambas administradoras solidarias de la misma. La sociedad se financió mediante dos pólizas de crédito y préstamo de 15.000€ cada una, que ambas, Doña Sara y Doña Sonia, avalaron solidariamente. 

En 2009 Doña Sara procedió a la venta de todas las participaciones en favor de Doña Sonia, quedando ésta como administradora única de la sociedad, dejando de tener Doña Sara relación con la mercantil. 

No obstante, en 2009 uno de los bancos que concedió el préstamo envió un burofax a Doña Sara en el que anunciaba que "si en el plazo de 48 horas no recibía el reembolso total del saldo pendiente de la póliza de crédito de la que usted es avalista fiador y que ascendía a 14.358,55€, procederían a exigirle judicialmente su pago". Ante esta situación Doña Sara hizo efectivo el importe de 7.625€ para la cancelación, ocurriendo igual situación con la otra entidad financiera. 

Por tanto, y en total,  Doña Sara abonó la cantidad de 9.879,43€, y ello lo hizo cuando había dejado de ser parte de la sociedad. Doña Sonia, ante la situación de insolvencia de la sociedad no había procedido a liquidar en legal forma la sociedad, ni a aumentar o disminuir el capital social de la misma.

Es por todo ello que Doña Sara decidió interponer Demanda reclamando esas cantidades a Doña Sonia. 

El cliente es Doña Sara y su objetivo es que se dicte Sentencia por la que se condene a Doña Sonia a pagarle la cantidad de 9.879,43€.

La estrategia del abogado de Doña Sara pasa por alegar documentalmente que efectivamente ésta ha abonado las cantidades reclamadas, así como que legalmente no tenía la obligación de ello, ya que su relación con la mercantil había finalizado en el momento de la venta de las participaciones sociales. Todo esto lo argumentará y apoyará jurisprudencialmente.