D. María, dueña de la empresa Ensambles S.L. contacta con el abogado D. Carlos para solicitar y contratar sus servicios de asesoría jurídica y encomendarle la gestión de la situación de suspensión de pagos. A tal fin, D. María ha estado hasta la fecha del 2001 realizando pagos mensuales por los servicios prestados (que el abogado decía estar prestando) así como abonó la cantidad de un millón de pesetas para tener capital y proceder a realizar la suspensión. Ante las dilaciones indebidas y la alarma por la llegada de notificaciones judiciales apremiando la gestión del proceso D. María finalmente descubre que no es hasta 2001 cuando D. Carlos ha realizado la gestión y no en 1999 como había informado. Además el informe que recibe es parcial y se aprecia premura en la realización para justificar la contratación de los servicios. Durante este tiempo D. Carlos no se ha reunido, ha evitado contestar a D. María, etc.

La cliente es D. María y pretende el procesamiento del querellado y que se establezca la responsabilidad pecuniaria por sus actos.

La estrategia del abogado pasa por la presentación de pruebas documentales que prueban todo el proceso seguido que ha llevado a la presentación de la demanda.