La Administración de Hacienda giró al representante de Doña Isabel, Don Luis, dos resoluciones del Tribunal Económico Administrativo regional, las cuales impugna. El acuse de recibo iba girado a Don Luis, estando firmado por otra persona, Doña María del Carmen. La Administración y el Tribunal Económico entendieron, en todos los recursos que en vía administrativa se efectuaron, que la notificación era correcta, sin ni siquiera haber acreditado cuál era el contenido del certificado enviado, en base al razonamiento de que dicho certificado es recogido por Doña María del Carmen, por entonces empleada de Don Luis. 

A partir de aquella notificación incorrecta había comenzado a correr el plazo para el correspondiente apremio. Por tanto, Doña Isabel presentó Demanda ante el TSJ para anular dichas resoluciones administrativas. 

El cliente es Doña Isabel y su objetivo es que se declare la nulidad de las resoluciones recurridas.

La estrategia del abogado de Doña Isabel pasa por alegar la nulidad de las notificaciones debido a la falta de diligencia en los imperativos de la legislación administrativa.